Empleados del INTI se manifestarán en el edificio ubicado en General Paz 5445, en rechazo a esta medida y aseguraron que la decisión tomada por el Gobierno Nacional “les quitará a los usuarios la posibilidad de acudir a un ente público para verificar multas, productos o servicios”, ya que la falta de controles recaerá en los surtidores de combustible, las balanzas en comercios y puertos, los radares para multas por exceso de velocidad y los etilómetros. Asimismo, explicaron que el INTI también verificaba medidores de agua y luz, termómetros clínicos y taxímetros. “La potestad del INTI de custodiar los patrones nacionales de medida, para afirmar que ‘un metro es un metro’, ‘un litro es un litro’ y ‘un kilogramo es un kilogramo’, le fue otorgada hace 22 años por decreto como facultad indelegable, por el conocimiento de su personal y su rol de tercero imparcial en transacciones comerciales”, indicaron. Con la resolución del Gobierno, “se puso fin al área de Metrología” y se transfiere el control a laboratorios privados acreditados por el OAA, a quienes el INTI considera su principal competidor. Según los trabajadores, la satisfacción de clientes con los servicios del INTI se refleja en su facturación, datos que desmienten las supuestas “demoras” y la “desburocratización” esgrimidas por el Gobierno. “Verificar un alcoholímetro costaba $140.000 y ahora costará $1.200.000 en un laboratorio privado. Los municipios podrían dejar de hacer estos controles por no poder costearlos”, advirtieron. Buenos Aires, 28 enero (NA) – Trabajadores del INTI convocaron a un abrazo en su sede tras el anuncio del Gobierno del cierre de la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, advirtiendo sobre una posible falta de “rigurosidad de controles”. La Resolución 213, publicada el 31 de diciembre, ordena dar de baja la dirección a partir del 31 de enero, donde trabajan más de 150 técnicos.
Empleados del INTI protestan contra el cierre del instituto estatal de metrología
Empleados del INTI protestan en Buenos Aires tras el anuncio del Gobierno del cierre de su dirección de metrología. Advierten que la decisión dejará a los ciudadanos sin acceso al control público de instrumentos, causando subidas de precios y riesgos de seguridad.